En el país se utiliza “el sistema penal para desincentivar la protesta” particularmente de personas defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente, aseguró la directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) en México, Edith Olivares.
Al inaugurar la exposición fotográfica “#ProtestarNoEsUnCrimen” en el Centro Cultural España, expuso que en el informe del que nace esta actividad se documentó que “diferentes agentes del Estado mexicano utilizan indebidamente el sistema penal para criminalizar a personas”.
Recordó que cuando AI México empezó a realizar esta investigación -presentada en septiembre del año pasado- “buscamos diferentes causas de protesta, y nos fue llevando la realidad a encontrar un patrón en donde el Estado mexicano de manera abierta está siendo cómplice de empresas, del crimen organizado y de personas que están utilizando a la tierra, el territorio y el medioambiente que están destruyendo ese recurso, y cuando la población sale a protestar por eso, el Estado sale a ponerse de lado de quienes están destruyendo nuestros recursos”.
Uno de los casos que se presentó fue el de Alejandro Torres Chocolatl y Miguel López Vega, defensores nahuas de la comunidad de Santa María Zacatepec, Puebla, quienes fueron detenidos de manera arbitraria, el primero en 2023 y el segundo en 2020, acusados de presunto cierre de vías de comunicación y obstrucción de obras.
Torres Chocolatl señaló que en la región de Cholula de Los Volcanes, “muy rica en recursos naturales, nos hemos enfrentado con muchos proyectos de muerte” y los pobladores “hemos visto cómo se ha endurecido esta campaña de contrainsurgencia, de generar conflictos, donde con poquito empiezan a criminalizarte, a tratar de dividir a tu pueblo, a comprar consciencias”, también se desarrollan “campañas de desprestigio”, y cuando no funcionan “se van más a cuestiones de fabricarte delitos, lo que nos pasó a nosotros”.
En este sentido, alertó que el año actual puede ser “muy difícil” para los defensores, “porque vienen elecciones, allá en mi pueblo, en mi territorio, se están imponiendo los gobiernos municipales para generar un tipo de cacicazgo en nuestra región”.
Asimismo, mencionó que otros de los estados donde se observa “más criminalización de la lucha son “los del sureste, donde son más ricos en recursos naturales”, como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Yucatán.
